Derecho Administrativo: ¿en qué consiste el principio de legalidad?

Derecho Administrativo ¿en qué consiste el principio de legalidad

El principio de legalidad se desarrolla rápidamente, ya que reconoce la capacidad de la administración pública para dictar normas jurídicas. Además, comprende no solo aquellos que integran la administración sino también a otros órganos del Estado. Es por ello, que forma parte importante del derecho administrativo. Quédate con nosotros y descúbrelo.

– ¿Qué es el principio de legalidad?

El principio de legalidad es uno de los el principios más importantes que se encuentran  comprendidos en la Ley 27444, ley de Procedimiento Administrativo General.

La relevancia de su significado radica en que establece que las autoridades administrativas – y en general, todas las autoridades que componen el Estado – deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas.

Asimismo, el concepto clave del principio de legalidad está en entenderlo como una regla fundamental en el Derecho Administrativo; esto quiere decir, que todo acto administrativo  sea  fundado  sobre  una  base legal, situación que implica que haya un fundamento jurídico en el orden jurídico existente. 

Además, esta “base legal” no se encuentra solo en el campo de la ley, sino también, de la Constitución, tratados internacionales, reglamentos, principios generales del derecho o de un acto administrativo. 

En tal sentido el Tribunal Constitucional (Exp. N° 2192-2004-AA/TC), ha señalado que:

«(…) Principio de legalidad y subprincipio de taxatividad en el derecho administrativo sancionador: (…) 3. El principio de legalidad constituye una auténtica  garantía  constitucional  de  los derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder  punitivo  del  Estado  Democrático. La Constitución lo consagra en su artículo 2, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: ‘Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de  manera  expresa  e  inequívoca, como  infracción  punible;  ni  sancionado con pena no prevista en la ley».

Así, el principio de legalidad se configura como un ejemplo de la subordinación  de  la Administración  al  Derecho, pues, el término “legalidad” indica que la ley es la norma superior esencial a respetar por la Administración.  Además, el principio de legalidad en materia sancionatoria impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si esta no se encuentra previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta no está también determinada por la ley. Como lo ha indicado el Tribunal Constitucional (Exp. N° 010-2002-AI/TC), por lo cual el principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).

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